Defensa exige observación internacional para la exhumación de Víctor Hugo Quero

El abogado Joel García, defensor de presos políticos, exigió formalmente que el proceso de exhumación de Víctor Hugo Quero cuente con una rigurosa observación internacional. García argumentó que la diligencia no debe ser realizada exclusivamente por funcionarios del Estado venezolano, señalando que las instituciones han «fallado en su posición de garante» respecto a la integridad de los detenidos. Quero, quien fue arrestado en enero de 2025, permanecía bajo custodia en el Centro Penitenciario Rodeo I tras meses de denuncias por parte de sus familiares sobre una presunta desaparición forzada.

Para garantizar la transparencia del proceso, el jurista solicitó la aplicación estricta del Protocolo de Minnesota. Este mecanismo es una guía internacional elaborada por la ONU diseñada específicamente para investigar muertes potencialmente ilícitas, con especial énfasis en ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias. La implementación de este estándar busca asegurar una investigación independiente y fundamentada en evidencia forense técnica, evitando así cualquier sesgo institucional en casos donde existan indicios de graves violaciones de derechos humanos.

El Protocolo de Minnesota establece estándares científicos para la preservación de pruebas, la realización de autopsias y el análisis de restos humanos, limitando la interferencia de funcionarios que pudieran estar vinculados con los hechos. Según García, esta medida es imperativa para esclarecer lo ocurrido con Quero, de 52 años, cuyo paradero fue un misterio para su familia durante meses. La exigencia surge tras el hermetismo oficial que rodeó el caso y la angustia de su madre, Carmen Navas, de 81 años, quien lideró la búsqueda ante la falta de información oficial.

Por su parte, el Ministerio Público confirmó recientemente el inicio de una investigación penal para determinar las circunstancias que rodearon el deceso del ciudadano. A través de la Fiscalía 80 Nacional con competencia en Derechos Humanos, el organismo busca establecer las causas de una muerte ocurrida mientras el Estado era responsable de su custodia. Este anuncio oficial se produce en un clima de alta presión por parte de organizaciones civiles que exigen justicia y claridad sobre las condiciones de reclusión en el Rodeo I.

Finalmente, la intervención de expertos internacionales se perfila como la única vía aceptable para la defensa a fin de obtener resultados creíbles. Con la aplicación de estos protocolos internacionales, se pretende blindar el análisis de las evidencias criminalísticas y garantizar que el peritaje no sufra manipulaciones.