Seniat refuerza supervisión de sistemas de facturación en las empresas

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) está reforzando la supervisión de los sistemas de facturación en las empresas por instrucciones del Intendente Nacional de Tributos, de acuerdo con un memorando fechado el pasado 30 de enero y divulgado en redes sociales.

La intención de esta operación es garantizar que los comercios utilicen sistemas informáticos de facturación debidamente autorizados y homologados por el ente tributatrio.

El operativo se desarrollará en todo el país y aunque la instrucción se dirige a los contribuyentes pasivos también aplica para los contribuyentes ordinarios; es decir, todos los importadores, industriales, comerciantes y prestadores de servicios que realizan actividades gravadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Seniat refuerza supervisión de sistemas de facturación en las empresas

La recomendación de diferentes expertos en redes sociales es que los contribuyentes revisen sus sistemas de facturación y se aseguren de que estén debidamente registrados y homologados por el Seniat para evitar la aplicación de sanciones.

En el contexto tributario actual de Venezuela, el uso de sistemas de facturación no registrados o no homologados por el Seniat se considera un ilícito formal.

Las sanciones a las que se exponen los contribuyentes que no cumplan con esta norma son, básicamente:

Multas en Moneda Extranjera: Al emitir facturas en un medio no autorizado (un sistema no homologado), la multa suele ser el equivalente a 150 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), que generalmente es el Euro.

Clausura del Establecimiento: Además de la multa, el SENIAT impone el cierre temporal del local, oficina o establecimiento por un período de 10 días continuos.

Invalidez de las Facturas: Los documentos emitidos por sistemas no homologados no tienen validez fiscal. Esto significa que los clientes no podrán usar esas facturas para deducir gastos o créditos fiscales de IVA, lo que puede generar problemas comerciales y legales adicionales.

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