España pondrá fin a las residencias por razones humanitarias para venezolanos

A partir del próximo 12 de junio, España pondrá fin a la concesión y renovación de autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias, una medida que impacta directamente a la comunidad venezolana. Según un oficio interno del Ministerio del Interior al que tuvo acceso EFE, esta decisión responde a la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo en toda la Unión Europea. El gobierno argumenta que el sistema actual «induce a confusión», por lo que busca separar las resoluciones de protección internacional de otros permisos de residencia ordinarios tras una denegación de asilo.

Este mecanismo, implementado en 2018, fue la principal vía de regularización para ciudadanos venezolanos ante la baja tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado, logrando documentar a 240.000 personas desde su creación. Solo durante el año pasado, España otorgó 57.334 de estas autorizaciones, la gran mayoría destinadas a venezolanos. La eliminación de este permiso marca el cierre de una etapa clave en la política migratoria española hacia el éxodo venezolano, que hasta ahora encontraba en las razones humanitarias un alivio a su situación legal.

Para evitar que miles de personas queden en el limbo jurídico, el Gobierno ha establecido un «mecanismo de transición» contemplado en la modificación del reglamento de extranjería que entró en vigor el pasado 16 de abril. Esta reforma permite que quienes poseen actualmente el título por razones humanitarias puedan solicitar su cambio hacia otras autorizaciones de residencia y trabajo. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha aclarado que los afectados podrán acogerse a la regularización extraordinaria puesta en marcha recientemente una vez que su vía actual expire.

De esta manera, el Ejecutivo español busca alinear su normativa con los estándares europeos mientras intenta facilitar el paso hacia permisos de extranjería convencionales. La transición será fundamental para la estabilidad de la población migrante, ya que el cambio normativo obliga a los beneficiarios a gestionar activamente su estatus laboral y legal bajo los nuevos términos del reglamento. El éxito de esta medida dependerá de la agilidad de la administración para absorber las solicitudes de modificación de aquellos que, hasta junio, dependían de la protección humanitaria.