TSJ convalidó los resultados de las elecciones del 28 de julio

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitiò un pronunciamiento sobre el proceso de peritaje del material electoral de las elecciones del 28 de julio, en Venezuela.

El pronunciamiento de la Sala Electoral sobre el recurso contencioso electoral presentado por Nicolás Maduro ha tenido varias implicaciones importantes:

Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ, ratificó su competencia para realizar una investigación jurídica con el objetivo de verificar los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asìmismo, la sentencia identificó un «ataque cibernético»como uno de los problemas que afectaron el proceso electoral.

Ademàs, en relaciòn al resguardo del Material Electoral de las elecciones presidenciales del 28 de julio, quedan bajo la custodia del TSJ.

Por consiguiente, se decidió sancionar a Edmundo González Urrutia, excandidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), por su falta de comparecencia ante la Sala Electoral.

«El excandidato Edmundo González Urrutia no asistió a ninguna de las partes de este proceso al cual fue citado, y por tanto no cumplió con la orden de estas, la màs alta instancia de la jurisdicción contencioso electoral de la República Bolivariana de Venezuela, ni con la consignación de las actas de escrutinios, el listado de testigos, ni material electoral alguno, en consecuencia desacató el mandato en franco irrespeto a la utoridad judicial, demostrando su renuencia al ceñirse al orden constitucional, conducta que acarre las sanciones previstas en el ordenanamiento jurìdico vigente», leyò la magistrada Caryslia Rodríguez.

La sentencia confirmó que los boletines emitidos por el CNE están respaldados por las actas de las máquinas de votación, convalidando así la victoria de Nicolás Maduro para el periodo 2025-2030.

Para finalizar, se ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que publique el resultado total de las elecciones presidenciales del 28 de julio y solicitó al Ministerio Público abrir una investigación penal por diversos delitos, incluyendo usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración.