Ministerio de Educación Universitaria asegura que retrasos en bonos se deben a fallas en nóminas de las universidades

El Ministerio de Educación Universitaria informó que, hasta la fecha, no ha recibido información oficial por parte de los departamentos de nómina de las distintas casas de estudio sobre el personal que supuestamente no ha percibido el Bono de Responsabilidad Académica. A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el organismo gubernamental enfatizó que la gestión y consolidación de estos datos es competencia estricta de cada universidad, por lo que, sin dicha carga de información, el ente ministerial no puede hacerse responsable por los retrasos o la falta de pago en casos individuales.

Esta aclaratoria oficial se produce en un escenario de fuerte tensión, justo después de que el gremio de profesores universitarios llevara a cabo un paro nacional para exigir «salarios dignos». Durante las protestas, los docentes denunciaron que la asignación del beneficio —al que calificaron de «caótico y excluyente»— ha dejado por fuera a gran parte de los trabajadores del sector, afectando gravemente la estabilidad económica de quienes dependen de estos ingresos para subsistir.

Entre las denuncias más destacadas se encuentra la de José Gregorio Alfonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), quien precisó que al menos el 75 % de los docentes de dicha institución no ha cobrado el beneficio. Alfonso detalló que la situación es aún más crítica para otros sectores vulnerables, ya que el 96 % del personal jubilado, así como los trabajadores contratados, fueron excluidos de manera deliberada de este bono destinado a profesionales en áreas estratégicas, lo que genera un grave problema para el funcionamiento operativo de la universidad.

Por su parte, el Ministerio de Educación Universitaria emitió otro documento en el que aseguró estar plenamente comprometido con el «bienestar de toda la comunidad universitaria nacional». En la misiva, las autoridades rechazaron las declaraciones gremiales que afirman que la bonificación posee un carácter excluyente, y explicaron que esta medida económica es una acción orientada a garantizar el derecho a una educación de calidad, buscando incentivar de manera directa la permanencia de los profesores en las aulas de clase.