Justicia dominicana aplaza juicio por tragedia en discoteca Jet Set

El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso el aplazamiento para el próximo 6 de abril del inicio del juicio preliminar contra los propietarios de la emblemática discoteca Jet Set. El proceso judicial busca determinar las responsabilidades penales por el presunto homicidio involuntario de 236 personas, tras el colapso del techo del establecimiento ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025.

La decisión del tribunal responde a la necesidad de incluir en el expediente a la madre de los acusados, así como a la Alcaldía de Santo Domingo y al Ministerio de Obras Públicas por su presunta responsabilidad civil en el siniestro.

Los hermanos y empresarios Antonio y Maribel Espaillat han sido señalados por el Ministerio Público como los principales responsables de la catástrofe. Según los informes técnicos oficiales, el desplome fue consecuencia de una sobrecarga estructural sostenida durante años y de un descuido negligente en las labores de mantenimiento y reparación del techo. 

La tragedia, que conmocionó a la sociedad dominicana, segó la vida de figuras prominentes de la vida pública y deportiva. Entre las víctimas identificadas se encuentran el reconocido merenguero Rubby Pérez, quien animaba la velada al momento del incidente, los exgrandes ligas Octavio Dotel y Tony Blanco, la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz, y el diseñador Martín Polanco. El suceso afectó a todos los estratos sociales, dado que el recinto era uno de los centros de entretenimiento más concurridos y emblemáticos de la capital caribeña.

El impacto internacional del evento también se hizo sentir con el fallecimiento de 14 ciudadanos venezolanos que se encontraban en el lugar. Ante este hecho, el gobierno de Venezuela ofreció asistencia y apoyo a los familiares de sus connacionales fallecidos en el siniestro. 

Actualmente, más de un centenar de heridos continúan en proceso de recuperación mientras se preparan para testificar en la fase preliminar. La inclusión de los entes gubernamentales en la demanda civil abre una nueva etapa en el caso, donde se debatirá si hubo falta de supervisión por parte de las autoridades municipales y de obras públicas en las inspecciones de seguridad del local.