Privatización mixta y multas por apagones: Lo que contempla la nueva reforma de la ley eléctrica en Venezuela

En una sesión parlamentaria decisiva, la Asamblea Nacional aprobó este martes por unanimidad, y en primera discusión, el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. La propuesta legislativa, remitida por el Poder Ejecutivo, marca un cambio estructural histórico en la política energética del país al romper con el monopolio estatal absoluto y abrir formalmente las puertas a la participación de la empresa privada, tanto nacional como internacional, en un sector crítico para el desarrollo de la nación.

La justificación y presentación de la normativa estuvo a cargo del diputado Orlando Miranda, quien detalló que el proyecto está compuesto por 42 artículos orientados a diseñar un esquema mixto, autosustentable y moderno. El parlamentario explicó que la médula de la reforma radica en la diversificación de actores en toda la cadena del servicio: generación, transmisión, distribución y comercialización. Bajo este nuevo marco jurídico, el Estado conservará una posición de control mayoritario superior al 50% en las empresas mixtas, pero delegará funciones operativas bajo un régimen riguroso de concesiones.

Entre los puntos más revolucionarios del proyecto se encuentra la obligatoriedad legal impuesta a las futuras empresas distribuidoras y comercializadoras de compensar económicamente a los usuarios por los daños materiales que sufran a causa de los apagones o por deficiencias prolongadas en la calidad del suministro. Asimismo, la ley introduce una reestructuración de la viabilidad económica del sector a través de un nuevo diseño de tarifas que reflejará los costos reales del consumo, garantizando una rentabilidad razonable para los inversores privados basada en estrictos criterios de eficiencia.

Un eje estratégico fundamental de la propuesta es la descentralización del modelo de gestión mediante operadores independientes adaptados a los requerimientos geográficos y realidades de cada región del país. Adicionalmente, el texto legal prioriza de forma vinculante la incorporación de energías renovables como fuentes alternativas. Se contempla el financiamiento y desarrollo inmediato de grandes proyectos de energía solar y eólica para sustentar de manera ecológica el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y disminuir la dependencia exclusiva de las plantas hidroeléctricas y termoeléctricas.

Finalmente, el marco legal aprobado establece un estricto régimen de supervisión pública que incluye la corresponsabilidad civil y penal de las operadoras privadas ante cualquier negligencia o sabotaje de la infraestructura. Tras recibir el visto bueno unánime de las bancadas en el Palacio Federal Legislativo, el instrumento legal fue remitido a la Comisión de Administración y Servicios para iniciar una fase de consulta pública nacional con diversos sectores sociales y empresariales, antes de regresar al hemiciclo para su segunda y definitiva discusión.