Noboa declaró estado de excepción en nueve provincias del país

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este miércoles un nuevo estado de excepción en nueve provincias y tres municipios por el aumento de la violencia y el crimen organizado.

En un decreto emitido esta noche por el mandatario se señala que «informes técnicos actualizados» detallan que «la situación de violencia y criminalidad organizada no solo persiste sino que se ha intensificado y extendido territorialmente, evidenciándose una dinámica delictiva interconectada entre corredores logísticos y zonas de influencia que demanda una respuesta estatal integral, coherente y focalizada».

El estado de excepción por grave conmoción interna estará vigente por 60 días en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos. Además, se incluye a los municipios de La Maná, de la provincia de Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, de Bolívar.

El aumento de la violencia en Ecuador

En estos territorios se suspenden los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, lo que permitirá a las fuerzas de seguridad realizar allanamientos inmediatos en operaciones contra el crimen organizado e identificar, analizar y recopilar información indispensable para prevenir o neutralizar amenazas de seguridad.

En esta declaratoria constan las cinco provincias y tres municipios que ya estaban bajo un estado de excepción desde inicios de noviembre y se suma a Pichincha, Santo Domingo, Sucumbíos y Esmeraldas debido a una «intensificación de hechos violentos de alto impacto y la escalada criminal».

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» declarado por Noboa para intensificar la lucha contra los grupos delincuenciales, los que han sido denominadas como «terroristas».

Pese a eso, el país terminó 2025 con un nuevo récord de asesinatos, al contabilizar hasta el 19 de diciembre 8.847 homicidios, según cifras de la Policía, una escalada de violencia sin precedentes que las autoridades atribuyen a la disputa de poder y territorio entre bandas de crimen organizado.

EFE