Incertidumbre y contradicciones marcan el impacto de derrame petrolero en Güiria

Entre versiones contradictorias, manchas de crudo y escasa información oficial, los habitantes de Güiria intentan comprender el alcance del más reciente derrame petrolero proveniente de Trinidad y Tobago. Casi dos semanas después del comunicado emitido el pasado 9 de mayo por la Cancillería venezolana, los pescadores y habitantes del municipio Valdez, en el estado Sucre, siguen atrapados por el temor sobre las aún inciertas consecuencias en la pesca y los ecosistemas costeros del Golfo de Paria, una zona marítima estratégica compartida entre ambas naciones. La población local cuenta con poca o nula información sobre la verdadera magnitud del incidente, cuya «grave afectación» fue advertida por el Gobierno venezolano sin ofrecer mayores detalles.

La incertidumbre ha flotado sobre las aguas del municipio desde la alarma inicial hasta la inspección oficial realizada el 14 de mayo, completando una semana de opacidad sin protocolos claros de monitoreo ambiental ni limpieza profesional. Aunque una comitiva gubernamental llegó a la zona con la intención de paralizar por completo la actividad pesquera para estructurar un expediente de demanda internacional contra Trinidad y Tobago, la presión de las comunidades locales frenó la medida. Un integrante de la Asociación de Pescadores de la localidad reveló bajo estricto anonimato que el crudo solo llegó a playa Guayabita y manchó las piedras, extendiéndose en los caños de la costa en un manchón de unos 5 por 50 metros de largo, por lo que rechazaron un cierre que habría asfixiado su economía.

Este escenario ha dejado en evidencia una profunda contradicción bilateral que mantiene a las comunidades costeras en el limbo. Mientras el informe oficial de Venezuela asegura que los daños abarcan el Golfo de Paria y las costas de Sucre y Delta Amacuro —exigiendo reparaciones bajo el derecho internacional ambiental—, el Gobierno de Trinidad y Tobago optó por restarle peso al catalogarlo como un «derrame menor» de apenas 10 barriles que presuntamente fue contenido el mismo día de su detección. Ante esta parálisis y cuatro días después de la alerta, el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, anunció la creación de un Comando de Operaciones junto al INEA, la FANB, el IDEA y las autoridades regionales para conformar «brigadas voluntarias» de mitigación, una medida que para los críticos evidencia la falta de un plan de contingencia técnico y profesional.

Para la comunidad científica, la ligereza con la que ambos gobiernos manejan la crisis resulta alarmante. Fernando Blanco, biólogo de la Universidad de Oriente (UDO Sucre), confirmó la opacidad informativa y lamentó que Trinidad desestime el impacto ecológico basándose en la cantidad de barriles derramados. El especialista fustigó que, por experiencias anteriores en Falcón y Zulia, el interés nacional suele ligarse a otras áreas de la política, dejando en el olvido los daños ambientales. Blanco advirtió que las consecuencias en el medio terrestre y marino son irreversibles, afectando gravemente a los manglares y comprometiendo el desarrollo de la biota y la flora en toda la región.

El experto explicó detalladamente que los derrames petroleros son devastadores debido a que el hidrocarburo impregna las plumas de las aves haciéndoles perder permeabilidad, y pone en riesgo a mamíferos del Delta y el Frente Atlántico como delfines y manatíes. Asimismo, provoca una mortandad masiva en peces, mariscos y crustáceos por asfixia, interfiriendo directamente en la cadena alimenticia desde el plancton y los corales, ya que los residuos se depositan en el sustrato marino. Este ecocidio no solo golpea la biodiversidad, sino que amenaza de forma directa al sector pesquero artesanal e industrial y a las familias que dependen exclusivamente de los recursos del mar para subsistir.

El conflicto diplomático escaló este lunes 18 de mayo con un nuevo pronunciamiento del canciller venezolano, Yván Gil, quien denunció formalmente a Trinidad y Tobago por no haber notificado el incidente a tiempo y exigió el resarcimiento inmediato por los «severos daños ecológicos» causados. Durante su declaración, el funcionario presentó el Informe Técnico Político Integrado, en el cual el Gobierno venezolano asegura registrar un avance del 70% en las labores de mitigación tras la recolección de 12 toneladas de hidrocarburo en las zonas afectadas.

Con información de Crónica Uno.