Gobernación de Trujillo prohíbe salida de cemento por irregularidades en precios y distribución

El gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, anunció la prohibición inmediata de salida de cualquier cargamento de cemento del territorio regional. Esta medida drástica se mantendrá vigente hasta que las autoridades competentes ofrezcan una explicación pública clara sobre las graves irregularidades detectadas en la comercialización de este insumo esencial, las cuales han afectado el suministro local de manera sistemática.

La decisión surge tras múltiples reportes de comunidades y familias que denuncian costos exorbitantes para el consumidor final. Según detalló el mandatario, el precio del saco de cemento se ha disparado hasta ubicarse entre los 28 y 30 dólares, una cifra que imposibilita a los ciudadanos realizar reparaciones básicas en sus viviendas y paraliza la autoconstrucción en los sectores populares de la entidad.

«He decidido desde el día antes de ayer que ninguna gandola de cemento salga del estado Trujillo hasta que no se le explique a los trujillanos cuál es la situación que se está viviendo», declaró Márquez de forma tajante. El gobernador cuestionó que la planta Cemento Andino, proyectada originalmente para abastecer a Trujillo, Mérida y parte de Barinas, esté desviando su producción hacia Caracas y el estado Lara para beneficiar a empresas específicas.

La crisis de distribución también ha golpeado la gestión pública regional. El gobernador informó que la administración de Trujillo lleva tres meses intentando adquirir tres cargamentos de cemento destinados a obras prioritarias de vialidad; sin embargo, no han obtenido respuesta alguna por parte de la gerencia de comercialización de la Corporación Socialista del Cemento, lo que ha retrasado proyectos de infraestructura vitales para el estado.

Para abordar esta problemática, está prevista una reunión de alto nivel para la tarde de hoy entre el gobernador Márquez y el general presidente de la Corporación Socialista del Cemento. En este encuentro, se espera definir nuevos parámetros de distribución que restablezcan la prioridad de abastecimiento en el área de influencia original de la planta y regulen los precios para frenar la especulación que actualmente castiga al pueblo trujillano.