Familias exigen derecho a la vivienda tras presunta estafa inmobiliaria de una década

Familias exige derecho a la vivienda tras presunta estafa inmobiliaria de una década. Más de 50 familias apostadas frente al Colegio Gonzaga, en el sector San José, han alzado su voz para aclarar que su presencia en el complejo de townhouses de la zona no responde a una invasión, sino a una medida de resguardo de su patrimonio. Los afectados denuncian que, tras diez años de haber cancelado el pago inicial de sus viviendas, el proyecto permanece paralizado y sin respuestas por parte de la constructora.

Un reclamo de propiedad, no de delincuencia

Los voceros del grupo enfatizaron que no son delincuentes ni invasores de oficio. Se trata de madres y padres de familia que, hace una década, invirtieron sus ahorros con la esperanza de un hogar.

«Estamos resguardando lo que nos pertenece tras una estafa prolongada», afirmaron, señalando que actualmente enfrentan amenazas de desalojo violento y agresiones externas que ponen en riesgo su integridad física.

Llamado urgente a Danilo Nammour

La comunidad exige la presencia inmediata de Danilo Nammour, dueño del proyecto habitacional, para establecer una mesa de negociación. Los afectados proponen «acuerdos de pago, ya sea a corto o largo plazo, para concluir las obras que aún se encuentran en gris».

El objetivo es alcanzar una solución conciliatoria que beneficie a ambas partes y ponga fin a la incertidumbre legal.

Intervención de los entes gubernamentales

Ante la vulnerabilidad de las familias, solicitan la mediación del alcalde y los organismos competentes.

Piden protección frente a intentos de desalojo arbitrario y una auditoría del proyecto para garantizar que su inversión inicial sea reconocida tras años de silencio administrativo.

@microfonozuliano

Familias exigen derecho a la vivienda tras presunta estafa inmobiliaria de una década Más de 50 familias apostadas frente al Colegio Gonzaga, en el sector San José, han alzado su voz para aclarar que su presencia en el complejo de townhouses de la zona no responde a una invasión, sino a una medida de resguardo de su patrimonio. Los afectados denuncian que, tras diez años de haber cancelado el pago inicial de sus viviendas, el proyecto permanece paralizado y sin respuestas por parte de la constructora. Un reclamo de propiedad, no de delincuencia Los voceros del grupo enfatizaron que no son delincuentes ni invasores de oficio. Se trata de madres y padres de familia que, hace una década, invirtieron sus ahorros con la esperanza de un hogar. «Estamos resguardando lo que nos pertenece tras una estafa prolongada», afirmaron, señalando que actualmente enfrentan amenazas de desalojo violento y agresiones externas que ponen en riesgo su integridad física. Llamado urgente a Danilo Nammour La comunidad exige la presencia inmediata de Danilo Nammour, dueño del proyecto habitacional, para establecer una mesa de negociación. Los afectados proponen «acuerdos de pago, ya sea a corto o largo plazo, para concluir las obras que aún se encuentran en gris». El objetivo es alcanzar una solución conciliatoria que beneficie a ambas partes y ponga fin a la incertidumbre legal. Intervención de los entes gubernamentales Ante la vulnerabilidad de las familias, solicitan la mediación del alcalde y los organismos competentes. Piden protección frente a intentos de desalojo arbitrario y una auditoría del proyecto para garantizar que su inversión inicial sea reconocida tras años de silencio administrativo.

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