Crisis de salud mental en el Pacífico colombiano: 122 niños y jóvenes se suicidaron en 5 años

Crisis de salud mental en el Pacífico colombiano: 122 niños y jóvenes se suicidaron en 5 años. Al menos 122 niños, adolescentes y jóvenes de entre los 5 y los 28 años se suicidaron entre 2021 y 2025 en el Pacífico colombiano, una de las regiones más pobres y violentas del país, reveló este martes un informe de la Defensoría del Pueblo.

«Las personas que habitan esta región enfrentan limitaciones en el acceso a servicios básicos y en la garantía efectiva de sus derechos fundamentales», señaló el estudio, titulado ‘Buen futuro en el Pacífico colombiano’.

El documento también estableció que 1.533 niños, adolescentes y jóvenes de esta región intentaron quitarse la vida en el mismo lapso.

La Defensoría advirtió que esta conducta no obedece a un fenómeno individual, sino que constituye el «síntoma de un territorio» donde el racismo estructural, los conflictos armados, la pobreza, la violencia basada en género y la ausencia de oportunidades destruyen las expectativas de vida de las nuevas generaciones.

El estudio se enfocó en tres subregiones del oeste y suroeste del país: el departamento del Chocó, que concentró 39 suicidios y 453 intentos; el Pacífico nariñense, con 51 suicidios y 655 intentos; y el Pacífico medio, con 32 suicidios y 425 intentos.

Más afectación en indígenas y afrodescendientes

La investigación evidenció una afectación, que calificó de diferencial y alarmante, según el origen étnico y el género. En las comunidades afrocolombianas, que representan la mayoría de la población del Pacífico, las principales víctimas de intentos de suicidio son mujeres adolescentes y jóvenes, impulsadas en gran medida por la violencia intrafamiliar, los abusos sexuales y los conflictos de pareja.

«En las comunidades negras y afrocolombianas la conducta suicida se inscribe en una lectura histórica y estructural del sufrimiento. Dado que las experiencias de violencia sistemática, racismo estructural, exclusión social y pérdida del territorio han deteriorado los lazos comunitarios, familiares y espirituales, lo cual afecta de forma directa la salud mental», indicó el informe.

En el caso de los pueblos indígenas la situación es diferente. En el Pacífico nariñense un 72 % de los intentos de suicidio de personas indígenas corresponde a hombres jóvenes y menores de edad, al igual que un 73 % de los casos consumados.

La Defensoría vinculó este fenómeno a la pérdida de medios tradicionales de subsistencia, la presión y persecución de grupos armados ilegales, el despojo territorial y el incremento del reclutamiento forzado infantil.

«La ideación suicida es comprendida por las organizaciones indígenas como una manifestación del sufrimiento social acumulado y de las tensiones que enfrentan los jóvenes entre las dinámicas del conflicto armado y las normas comunitarias de protección territorial y cultural», señaló el estudio.

Múltiples causas

De acuerdo con la Defensoría, la crisis de salud mental en estas regiones no se resuelve únicamente en los centros médicos, sino al abordar los problemas sociales de la región ya que la situación tiene múltiples causas.

Una de ellas es la situación económica. El Índice de Pobreza Multidimensional evidencia la vulnerabilidad de la región: en el Chocó alcanza el 66,6 %; en el Pacífico medio supera un 65 %, mientras que en el Pacífico nariñense alcanza el 73,5 %.

En cambio, apenas un 32 % de los jóvenes de la región accede a la educación superior, frente al 46 % del promedio nacional.

A esta precaria situación se suma la persistencia de la violencia basada en género. Un 91 % de las víctimas de presuntos delitos sexuales de la región fueron mujeres, en tanto que las valoraciones por violencia intrafamiliar afectaron mayoritariamente a la población afrodescendiente.

Así mismo, la Defensoría alertó sobre un grave patrón de invisibilización institucional: entre un 65 % y un 78 % de los registros forenses de suicidios en el Pacífico no consignan causa o motivo desencadenante, lo que dificulta la formulación de políticas públicas de prevención.

«El reconocimiento del derecho al buen futuro resulta indispensable para comprender que garantizar la supervivencia no basta; es necesario asegurar condiciones reales, materiales y simbólicas, para que (los niños, adolescente y jóvenes) puedan imaginar, construir y sostener un proyecto de vida con la esperanza y confianza de que su futuro es viable», concluyó el informe.