Cierran definitivamente el caso María Lourdes Afiuni: Le dan libertad plena

La familia de la jueza María Lourdes Afiuni Mora confirmó este viernes el cierre definitivo del proceso judicial en su contra y la restitución plena de su libertad, poniendo fin a más de 16 años de restricciones, persecución y duras consecuencias personales. A través de un comunicado oficial, los allegados a la magistrada expresaron su satisfacción ante el dictamen que concluye un expediente que, a su juicio, «nunca debió existir» y que se convirtió en una de las muestras más evidentes del deterioro de la independencia judicial en Venezuela.

Pese a recibir la medida con alivio, los familiares advirtieron que esta decisión formal no elimina el profundo impacto físico ni emocional que la situación dejó en la jurista, como tampoco repara por sí misma los daños sufridos durante los años de hostigamiento. La noticia del cierre del caso trascendió pocas horas después de que el entorno cercano de Afiuni alertara sobre un preocupante deterioro en su estado de salud, luego de ser trasladada de emergencia a un centro asistencial a causa de un severo cuadro de mareos, vómitos e hipertensión.

Durante la evaluación médica, los exámenes especializados y las tomografías con contraste solicitadas por el equipo de oncología confirmaron la presencia de tres lesiones tumorales en el cuerpo de la magistrada. Ante este diagnóstico, sus allegados reclamaron atención médica especializada urgente y solicitaron formalmente la posibilidad de que Afiuni pueda viajar a los Estados Unidos, país donde reside actualmente su única hija, para recibir el tratamiento adecuado bajo la plenitud de su libertad.

El origen de este emblemático caso se remonta a diciembre de 2009, cuando la jueza fue detenida de forma arbitraria inmediatamente después de que el entonces presidente Hugo Chávez cuestionara públicamente una decisión en la que ella otorgó libertad condicional al empresario Eligio Cedeño, en estricto apego a las leyes. Tras esa orden ejecutiva, Afiuni enfrentó un riguroso proceso penal que culminó con una condena de cinco años de prisión y el sometimiento continuo a diversas medidas restrictivas que cercenaron sus derechos durante años.

En el comunicado difundido, los familiares expresaron su profundo agradecimiento a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, mecanismos de protección, juristas, periodistas y ciudadanos que mantuvieron vivas las denuncias durante todo el tiempo que duró la medida judicial. Destacaron de manera especial el respaldo de quienes defendieron la importancia de contar con un Estado de derecho y con garantías para que los operadores de justicia cumplan con su labor libres de represalias.

No obstante, la familia insistió en que el fin del expediente no debe borrar las lecciones dejadas por el caso, enfatizando que representa una dura advertencia sobre los peligros de instrumentar el sistema penal para perseguir la autonomía de los magistrados. «Ningún juez debe volver a enfrentar prisión, persecución, humillación o amenazas por cumplir con su deber, aplicar la ley o dar cumplimiento a decisiones y estándares del derecho internacional de los derechos humanos», sentenció la misiva.