Concejal Luis Cabrera destapa el trasfondo de las ‘Polimultas’: «Buscan tapar la crisis de recaudación exprimiendo al ciudadano»

Lo que se presentó a la ciudadanía como un plan para meter en cintura el tránsito marabino estaría ocultando, en realidad, un voraz mecanismo de recaudación fiscal. Así lo advirtió este miércoles el concejal Luis Cabrera, quien alertó sobre lo que considera un presunto «despojo presupuestario» camuflado bajo la figura del ordenamiento vial.

Según el edil, la implementación del nuevo sistema de multas digitales no respondería a una genuina política de educación o seguridad ciudadana, sino a la urgente necesidad de la administración municipal de captar recursos frescos, tras agotar las vías tradicionales de cobro de tributos y tarifas de servicios.

El ‘negocio’ tras el software privado

Cabrera centró parte del señalamiento en la contratación de una empresa privada encargada de la «administración del software» de las polimultas, la cual recibiría un porcentaje directo por cada sanción aplicada.

«Al no poder recaudar más por las vías habituales, habrían encontrado en la fiscalización vial una válvula de escape financiera. Nos preocupa que se esté convirtiendo a Maracaibo en un coto de caza, mediante un contrato sobre el cual exigimos cuentas claras, nombres y porcentajes de ganancia de inmediato», aseveró el edil.

Las cuentas que encienden las alarmas

Para dimensionar el alcance económico del operativo, el concejal presentó una proyección fundamentada en el despliegue actual de Polimaracaibo:

Con un contingente inicial de 70 funcionarios, bastaría con que cada agente aplique un promedio de 8 sanciones diarias para alcanzar unas 16.800 multas al mes. Bajo esta dinámica, y considerando la escala de sanciones —que oscila entre los $35 y los $150—, la recaudación mensual estimada podría situarse entre un millón y más de 2.5 millones de dólares al mes.

A juicio de Cabrera, el problema se agrava al otorgarse «incentivos» o comisiones a los funcionarios por multa colocada, un esquema que, según argumenta, pervertiría la labor policial al sustituir la vocación de servicio por la presión de cumplir cuotas.

Cuestionamiento legal y constitucional

El concejal advirtió que esta metodología rozaría la ilegalidad, al transgredir principios constitucionales clave:

Legalidad Tributaria (Art. 317 CRBV): Se estaría desnaturalizando el carácter correctivo de las sanciones viales para convertirlas en un tributo encubierto y no contemplado formalmente en la ley.

Debido Proceso (Art. 49 CRBV): La automatización de sanciones y la fijación de metas de cobro vulnerarían la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de los conductores.

«El ciudadano de a pie, golpeado por la severa realidad económica, merece respeto y gestión transparente, no ser la caja chica para sostener compromisos administrativos», sentenció el concejal, exigiendo la inmediata consignación de los expedientes contractuales ante el cuerpo edilicio.