Comité postula a más de 130 aspirantes para renovar la Fiscalía y Defensoría del Pueblo

El Comité de Postulaciones del Parlamento informó este lunes que un total de 134 ciudadanos se han postulado para ocupar los cargos de Fiscal General y Defensor del Pueblo en Venezuela. Este proceso de renovación institucional surge tras las renuncias de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz el pasado 25 de febrero, en un contexto marcado por la aplicación de la Ley de Amnistía.

Según el diputado Giuseppe Alessandrello, presidente del comité evaluador, ya se han realizado entrevistas a cerca de 100 aspirantes y se espera completar el ciclo de comparecencias durante la presente semana para avanzar hacia la selección definitiva.

Para el cargo de Fiscal General de la República se contabilizan 73 postulados, entre los que destaca Larry Devoe, abogado de la UCAB con amplia trayectoria en derechos humanos y actual fiscal interino. Devoe cuenta con el respaldo público del presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, quien subrayó sus credenciales académicas y su rol como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. En la lista también figura Magaly Vásquez, secretaria de la UCAB y doctora en Derecho, lo que perfila una competencia de alto nivel académico para la titularidad del Ministerio Público.

A la Defensoría del Pueblo

Por su parte, la Defensoría del Pueblo cuenta con 61 aspirantes, destacando entre ellos la figura de Ernesto Villegas, actual ministro de Cultura y coordinador del Programa Nacional para la Convivencia y la Paz. Es importante señalar que Tarek William Saab, quien ejerce la defensoría de forma temporal tras su salida de la Fiscalía, no figura en la lista de postulados para este nuevo período. El Comité ha cruzado información con organismos de seguridad y el Seniat para verificar el perfil de cada candidato, asegurando que cumplan con la integridad administrativa requerida.

El diputado Alessandrello hizo un llamado abierto a la contraloría social, invitando a los ciudadanos a presentar objeciones debidamente fundamentadas contra aquellos candidatos que consideren que no cumplen con los requisitos legales o éticos. Este mecanismo busca dotar de transparencia a una elección que se desarrolla bajo la mirada vigilante de diversas organizaciones civiles.

El país queda a la espera de los listados finales que el Parlamento deberá someter a votación para definir quiénes liderarán el Poder Ciudadano en los próximos años.