Ejecución en Tennessee pese a dispositivo cardiaco activo

El estado de Tennessee tiene previsto ejecutar a Byron Black, un recluso de 69 años condenado en 1989 por el asesinato de su novia y las dos hijas de ella, a pesar de que lleva implantado un desfibrilador cardíaco interno (ICD) que sus abogados advierten podría prolongar su agonía durante la inyección letal .

Una batalla legal

La defensa solicitó la desactivación del dispositivo antes de la ejecución, argumentando que el ICD podría activar choques eléctricos mientras el cuerpo recibe pentobarbital, lo que causaría dolor innecesario y violaría la Octava Enmienda que prohíbe castigos crueles o inusuales .

Un tribunal de primera instancia ordenó que el aparato fuera desactivado por personal médico en la mañana del procedimiento, pero la Corte Suprema de Tennessee revocó esa decisión, argumentando que excedía su autoridad y permitió que la ejecución continúe sin el cambio .

Además, se reportó que el Nashville General Hospital nunca aceptó participar en la desactivación, lo que generó confusión logística y éticas sobre la implicación médica en el procedimiento .

Condiciones médicas

Black, que usa silla de ruedas, enfrenta demencia, insuficiencia renal y cardíaca congestiva, además de daños cerebrales, y su defensa ha alegado que podría cumplir con criterios de discapacidad intelectual que, de demostrarse, lo excluiriam de la pena capital según la legislación estadounidense actual .

Ni el gobernador Bill Lee ni la Corte Suprema de EE. UU. han otorgado ningún aplazamiento; la ejecución sigue en firme y se espera que sea la segunda en Tennessee este año tras una pausa de cinco años .

Implicaciones éticas

Este caso podría convertirse en el primer precedente judicial en EE. UU. donde un condenado es ejecutado con un dispositivo cardiaco activo. El debate se extiende más allá de lo legal hacia las implicaciones éticas del papel de profesionales médicos en procedimientos estatales de muerte legalizada .

Además, la ejecución se enmarca dentro de un incremento récord en el número de ejecuciones en Estados Unidos durante 2025, en particular en estados gobernados por mandatarios republicanos, reflejando un renovado impulso político por aplicar la pena capital.

Redaccción: Pasante Juan Morán