Mundo
Ordenan captura contra cúpula de la Segunda Marquetalia por crimen de Miguel Uribe
Las autoridades colombianas dictaron siete órdenes de captura contra los máximos cabecillas de la Segunda Marquetalia, disidencia de las FARC liderada por alias «Iván Márquez», por su responsabilidad intelectual en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El director de la Policía Nacional, general William Rincón, confirmó este martes 24 de marzo que se ha dispuesto un despliegue de búsqueda internacional y una millonaria recompensa para dar con el paradero de los autores de este crimen que conmocionó al país a mediados del año pasado.
La Fiscalía General de la Nación ofreció hasta 5.000 millones de pesos (aproximadamente 1,3 millones de dólares) por información que permita la detención de Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez». Asimismo, se fijaron recompensas de hasta 1,07 millones de dólares por los líderes Gener García Molina (alias «Jhon 40») y José Manuel Sierra Sabogal (alias «Zarco Aldinever»), junto a otros cuatro mandos identificados como alias «Rusbel», «Enrique Marulanda», «Gonzalo» y «Yako», señalados de planificar el atentado desde la clandestinidad.
El senador Uribe Turbay, figura clave del partido de oposición Centro Democrático, falleció el pasado 11 de agosto de 2025 tras agonizar durante dos meses en una clínica. El joven político de 39 años había sido herido de gravedad con dos disparos en la cabeza el 7 de junio anterior, mientras encabezaba un mitin político en el barrio Modelia de Bogotá. Hasta la fecha, el proceso judicial ha dejado nueve personas capturadas y cuatro condenas en firme, incluyendo al adolescente que ejecutó los disparos de manera material.
La vinculación directa de la disidencia guerrillera con el magnicidio se consolidó tras las confesiones de Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, uno de los condenados en el caso. Durante el juicio, Pérez reveló que la orden del atentado provino directamente de la estructura de la Segunda Marquetalia, testimonio que fue clave para que la justicia colombiana procediera contra la cúpula del grupo armado. Con estas nuevas órdenes de captura, el Estado busca cerrar el círculo sobre quienes determinaron la eliminación física del líder político.