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Liberan a 29 trabajadores de la minera Mibiturven tras 14 meses de detención
Al menos 29 trabajadores de la empresa minera Mibiturven fueron liberados la noche de este miércoles tras haber pasado un año y dos meses privados de su libertad de manera arbitraria. Los empleados de la compañía binacional —conformada por la corporación estatal venezolana Minerven y la firma turca Marilyns Proje Yatirim— habían sido judicializados bajo la grave acusación de cometer cuatro delitos de naturaleza económica y de seguridad nacional, entre los cuales destacaba el presunto tráfico de material estratégico.
La información sobre la excarcelación del grupo de trabajadores fue confirmada y celebrada públicamente por el abogado Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal, a través de una publicación oficial realizada en su cuenta de la plataforma X. El activista y defensor de derechos humanos constató la salida de los ciudadanos del centro de reclusión donde permanecían bajo resguardo, marcando el cierre de un largo ciclo de encierro para los afectados.
Los hechos que originaron este complejo caso judicial se remontan al 1 de abril de 2025. En aquella fecha, comisiones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ejecutaron un sorpresivo procedimiento de inspección y control dentro de las instalaciones de la referida empresa aliada, ubicada en el estado Bolívar, una de las zonas de mayor actividad extractiva del país. En dicho despliegue, el cuerpo de seguridad del Estado arrestó inicialmente a un total de 31 trabajadores de diferentes áreas operativas.
Durante los primeros meses del proceso, el hermetismo institucional sumió a los parientes de los detenidos en un escenario de total incertidumbre. Los familiares relataron en constantes denuncias públicas que las autoridades policiales y judiciales no ofrecieron en ningún momento información oportuna, clara ni detallada sobre los verdaderos motivos que justificaran la aprehensión masiva del grupo de obreros, lo que vulneró sus derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso.
Posteriormente, y de acuerdo con lo difundido en diversos medios de comunicación, los allegados y la defensa técnica descubrieron que el expediente judicial del caso presentaba una anomalía temporal: la investigación formal tenía fecha de apertura del año 2019, un hecho contradictorio debido a que varios de los trabajadores capturados apenas tenían un mes laborando en la empresa al momento del allanamiento. Pese a estas inconsistencias, la Fiscalía los procesó por los presuntos delitos de asociación para delinquir, legitimación de capitales, tráfico de material estratégico e incumplimiento de funciones empresariales, cargos que finalmente quedaron sin efecto tras la medida de libertad.