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Foro Penal revela el destino de los presos políticos trasladados desde El Helicoide
El gobierno venezolano, bajo la administración de Delcy Rodríguez, ejecutó este miércoles el traslado masivo de varios presos políticos que se encontraban recluidos en la sede policial de El Helicoide hacia distintos centros penitenciarios del país.
La medida se llevó a cabo bajo un estricto hermetismo y en medio de una profunda zozobra de los familiares, quienes pasaron horas de angustia sin conocer el paradero de sus seres queridos. De acuerdo con múltiples denuncias, las autoridades de la prisión ordenaron de manera sorpresiva a los detenidos recoger todas sus pertenencias en bolsas negras para un desalojo inminente.
Tras la incertidumbre inicial, la organización no gubernamental Foro Penal detalló este jueves los lugares de reclusión a los que fueron enviados algunos de los reos. Alfredo Romero, director presidente de la ONG, utilizó sus redes sociales para confirmar que las personas detenidas fueron distribuidas en cárceles comunes como El Rodeo, Yare y Tocuyito, instalaciones reconocidas por sus complejos problemas de hacinamiento y seguridad.
Entre los casos específicos reportados por la organización defensora de derechos humanos se encuentra el del dirigente político del estado Táchira, Jackson Vera. Romero precisó a través de su cuenta en la plataforma X que este preso político fue enviado a La Planta, un centro penitenciario de alta peligrosidad ubicado en la parroquia El Paraíso de la capital. Asimismo, el activista informó sobre la situación de las mujeres detenidas en el operativo, detallando que el grupo femenino fue recluido entre el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y el anexo de Las Crisálidas.
La jornada de traslados estuvo marcada por la tensión y la protesta civil en los alrededores del recinto carcelario. Desde tempranas horas del miércoles, decenas de familiares se congregaron a las afueras de El Helicoide para exigir explicaciones inmediatas al Estado sobre el destino de las unidades de transporte. La manifestación se topó con un fuerte cordón policial y con restricciones a la labor informativa, reportándose incluso la retención temporal de varios periodistas por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Ante este escenario, diversas voces de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han manifestado su preocupación por la integridad física de los internos en sus nuevos destinos y por lo que este desmantelamiento significa para las causas judiciales en curso. Expertos en la materia señalan que, ante los rumores de un supuesto cierre definitivo de la estructura, lo correspondiente a nivel legal y de memoria histórica sería resguardar las instalaciones de El Helicoide e iniciar un riguroso trabajo forense para la recabación de evidencias sobre las violaciones a los derechos fundamentales cometidas en el lugar.