Familiares de privados de libertad acudirán al TSJ para exigir respeto al debido proceso

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Un grupo de familiares de personas privadas de libertad anunció que interpondrá un documento formal ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir de manera categórica que se respete el debido proceso en los casos de sus allegados. Los voceros de la iniciativa explicaron que la medida busca frenar las constantes irregularidades procesales que mantienen paralizadas las causas judiciales de cientos de detenidos en los diferentes centros de reclusión del país, vulnerando sus derechos fundamentales.

Entre las solicitudes principales que se plasmarán en el documento dirigido al máximo tribunal, los familiares exigen que las autoridades judiciales dejen de priorizar de forma sistemática la defensa pública sobre la privada. Según denunciaron los afectados a las afueras de los tribunales en Caracas, se ha vuelto una práctica común que los jueces de control y juicio fuercen la asignación de defensores públicos, desplazando e impidiendo el libre ejercicio de los abogados de confianza contratados directamente por las familias.

Asimismo, la acción legal contempla una petición formal para acelerar las audiencias preliminares y de juicio, las cuales acumulan meses e incluso años de retrasos injustificados que agravan el hacinamiento carcelario. Los denunciantes sostienen que la imposición de defensores del Estado, lejos de garantizar una tutela judicial efectiva, suele traducirse en un abandono institucional de las causas debido a la sobrecarga de expedientes que manejan los funcionarios públicos, dejando a los internos en un estado de total indefensión.

Se espera que la entrega oficial del documento se realice en las próximas horas ante la Sala Constitucional del TSJ, acompañada por una manifestación pacífica de los comités de familiares y activistas de derechos humanos. Los organizadores de la convocatoria enfatizaron que no buscan favores procesales, sino el estricto cumplimiento de la Constitución y del Código Orgánico Procesal Penal, permitiendo que cada privado de libertad cuente con las garantías necesarias para demostrar su inocencia.