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EE. UU. ordena frenar investigaciones criminales contra Delcy Rodríguez
La administración estadounidense de Donald Trump ha instruido discretamente a los fiscales federales en Miami que eviten llevar a cabo investigaciones criminales contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Según funcionarios y exfuncionarios de las fuerzas del orden de EE. UU., esta directiva de pausar el escrutinio busca no entorpecer los esfuerzos de la Casa Blanca para estabilizar la nación sudamericana tras la captura de su predecesor, Nicolás Maduro, y abrir el país rico en petróleo a la inversión norteamericana.
Aunque un portavoz del Departamento de Justicia afirmó que «nunca hubo una investigación sobre ella que cerrar», registros de la Administración para el Control de Drogas (DEA) obtenidos por AP revelan que Rodríguez ha estado de manera constante en el radar federal desde al menos 2018, acumulando un voluminoso expediente de inteligencia por presunto lavado de dinero y contrabando.
Eliminar la amenaza de una posible acusación penal, incluso temporalmente, representa el último y más claro indicio de un profundo acercamiento transaccional entre Washington y Caracas. En los últimos meses, el gobierno de Trump ha levantado las sanciones que pesaban sobre Rodríguez desde su primer mandato, reconociéndola formalmente como la única jefa de Estado legítima de Venezuela.
Este giro diplomático le ha permitido a la mandataria interina restablecer lazos financieros con la banca occidental y presidir ceremonias con un flujo constante de empresarios energéticos estadounidenses, algunos integrados en delegaciones de alto perfil lideradas por los secretarios de Energía, Chris Wright, y del Interior, Doug Burgum. El propio presidente Trump elogió recientemente a Rodríguez en redes sociales, calificándola como una «persona estupenda» y destacando que «el petróleo está comenzando a fluir».
“A todos se les ha dicho que se abstengan [de investigar]”, reveló uno de los exfuncionarios estadounidenses bajo condición de anonimato.
Sin embargo, este trato preferencial ha desatado fuertes tensiones políticas dentro de los Estados Unidos. Senadoras demócratas como Jeanne Shaheen y Elizabeth Warren enviaron una carta enérgica al secretario de Estado, Marco Rubio, y al del Tesoro, Scott Bessent, exigiendo explicaciones por el levantamiento de restricciones a quien consideran una «figura central en el régimen represivo de Nicolás Maduro». La controversia aumenta debido a que, en medio de los elogios mutuos, ha faltado cualquier conversación formal sobre la convocatoria a elecciones libres, a pesar de que el mes pasado Rodríguez superó el límite constitucional de 90 días establecido por el alto tribunal venezolano para ocupar el cargo de manera temporal. Al ser consultada sobre el cronograma electoral por la prensa estadounidense, la presidenta encargada se limitó a responder: «Algún día».
Por su parte, expertos en materia de seguridad e inteligencia debaten sobre las implicaciones éticas y estratégicas de utilizar el sistema judicial como moneda de cambio geopolítico. Rick de la Torre, exjefe de estación de la CIA en Caracas, señaló que la protección temporal otorgada a Rodríguez encaja con los objetivos de la Casa Blanca para incentivar las bases de la democracia y asegurar el crudo, advirtiendo que «su utilidad tiene fecha de caducidad y en algún momento enfrentará la justicia». Esta suspensión de investigaciones de alto perfil contra líderes extranjeros no es un caso aislado, ya que coincide con una medida similar adoptada recientemente por el Departamento de Justicia para frenar las indagaciones de la DEA que designaban al presidente colombiano, Gustavo Petro, como objetivo prioritario.