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Delcy Rodríguez anuncia la creación de una línea para denunciar corrupción judicial y policial
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes la creación de una línea telefónica y una plataforma tecnológica denominada «0800 Extorsión». El nuevo canal de comunicación estará destinado exclusivamente a recibir denuncias de los ciudadanos sobre prácticas irregulares y corrupción cometidas dentro de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado y el sistema de administración de justicia del país.
El anuncio formal se realizó durante el acto de apertura de la Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal, celebrado en la ciudad de Caracas. En este escenario, la mandataria interina explicó que la iniciativa busca establecer un mecanismo directo y seguro para que la población pueda reportar de manera oportuna cualquier abuso de poder, cobros indebidos o desvíos de las funciones públicas.
Durante su intervención, Rodríguez enfatizó la necesidad de depurar las instituciones y defender la reputación de los servidores públicos que cumplen correctamente con su deber. «No es justo que policías honestos paguen por quienes extorsionan al ciudadano; ni que fiscales y jueces íntegros sean señalados por las prácticas irregulares de otros. Quiero hacer justicia para los funcionarios honestos de Venezuela y quiero acabar con la matraca y la extorsión», aseveró de forma contundente.
La funcionaria del Ejecutivo reconoció de manera abierta que, a pesar de los esfuerzos previos, el aparato judicial del país aún presenta serias deficiencias que deben ser subsanadas con urgencia. En un ejercicio de autocrítica sobre la gestión del sistema legal, afirmó ante los asistentes: “Hemos avanzado, pero no es lo que merece el pueblo venezolano ni la justicia que necesita Venezuela”.
Rodríguez calificó el inicio de esta consulta nacional y la implementación de las nuevas herramientas tecnológicas como un paso “histórico y estratégico” para la institucionalidad de la nación. Con este proceso de reforma sectorial, el Gobierno busca sentar las bases para una reestructuración profunda que devuelva la confianza de la ciudadanía en los tribunales, fiscalías y organismos policiales.